Órbita

Ciudadanía, derechos y diversidad

Ciudadanía, derechos y diversidad Prometeo Lucero. Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) en Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, Guerrero, 2010.

I

La noción de ciudadanía ha sido fuertemente asociada a la igual­dad de derechos, que tal vez se constituye como el principal sím­bolo de las democracias en Occidente. Ya sea con énfasis en un estatus igualitario en el mundo cívico y en la universalización de derechos, como en Marshall (1976); mediante la idea de trato igualitario, como en Honneth (2007: 99-128); o bien en la visión de D'Iribarne, quien para mostrar el universo de distinciones vigente en Francia propone la precedencia de una igualdad relativa en el plano de la dignidad (D'Iribarne, 2010: 57-79). De cualquier manera, aunque estas diferen­cias de perspectiva indican aspectos importantes de la relación entre derechos y ciudadanía, ninguna destaca adecuadamente el significado del carácter local y contextualizado de las concepciones de igualdad (Cardoso, 2013) ni da la atención debida a los problemas surgidos de demandas de derechos basadas en la singularidad étnico-cultural de mi­norías diversas. Después de señalar la existencia de una tensión entre dos concepciones de igualdad en Brasil y sus implicaciones para la uni­versalización de derechos en el plano de la ciudadanía, haré una breve referencia a las demandas de reconocimiento de Quebec como una sociedad distinta en el contexto de Canadá, para señalar los límites de la concepción de igualdad como trato uniforme para la legitimación de los derechos de ciudadanía. Concluiré mi exposi­ción con algunas observaciones sobre derechos de minorías asociados a la diversidad étnico-cultural.

Si bien esta idea de igualdad ciudadana no ha sido ejercida de la misma manera en las democracias occidentales, pues está siempre asociada a sensibili­dades cívicas locales (Cardoso, 2013), la literatura es unánime al contrastar esta condición moderna con la situación jerárquica vigente entre estamentos duran­te el antiguo régimen en Europa. En este plano, una de las peculiaridades de la ciudadanía en Brasil sería la combinación de lógicas igualitarias y jerárquicas en el espacio público (DaMatta, 1979; 1991) y otra la existencia de una situación jurídica paradójica que combina, por un lado, principios constitucionales li­berales-igualitarios, y por el otro, un sistema judicial jerárquico (Kant, 1995; 2008). En el mismo sentido, varios autores atraen la atención hacia la personaliza­ción de las relaciones sociales en el espacio público para dar lugar al favoritismo y al arreglito con el objeti­vo de beneficiar a aquellos que nos son cercanos, con frecuencia en perjuicio de terceros.

Tales prácticas se oponen a los principios de impersonalidad y de imparcialidad asociados a la igualdad como un valor, cuya principal marca en los sistemas jurídicos occidentales es la precedencia del principio de lo contradictorio en las disputas jurídi­cas y el corolario de la igualdad de armas y de opor­tunidades en el proceso. Inspirado en esta tradición interpretativa, intenté una aproximación inicial al dilema brasileño al identificar una desarticulación entre esfera pública y espacio público. La prime­ra se caracteriza como el universo discursivo en el que normas, proyectos y concepciones del mundo son publicitados y están sujetos al examen o debate público. El segundo es definido como el campo de las relaciones situadas fuera del contexto doméstico o de la intimidad, donde las interacciones sociales entre ciudadanos efectivamente tienen lugar (Car­doso, 2011: 24-26). En otras palabras, buscaba po­ner en evidencia la aparente contradicción entre la defensa de derechos iguales en la esfera pública y las prácticas sistemáticas de menosprecio a estos mis­mos derechos en la vida cotidiana de los actores, al accionar las relaciones personales para obtener un trato privilegiado sin preocuparse por el derecho de los otros (Cardoso, 2011: 129-171). Tal vez la falta de respeto en filas sea el ejemplo más común y el más evidente de esta contradicción.

Posteriormente, en diálogo constante con las investigaciones sobre el tema realizadas en el marco del Instituto de Estudios Comparados en Adminis­tración Institucional de Conflictos (inEAc),[1] en espe­cial con los trabajos de Roberto Kant de Lima y sus colaboradores, me di cuenta de que la idea de desar­ticulación entre esfera pública y espacio público era importante pero insuficiente para entender el dile­ma. Propuse entonces la existencia de una tensión entre dos concepciones de igualdad en Brasil: 1) la concepción de igualdad como trato uniforme, do­minante en nuestra Carta Constitucional de 1988 y bien expresado en la noción de isonomía jurídica, y 2) la concepción de igualdad como trato diferen­ciado, cuyo principal símbolo es una frase de Rui Barbosa según la cual "la regla de la igualdad no consiste sino en favorecer desigualmente a los des­iguales en la medida en que se desigualan" (Barbosa, 1999: 26). La peculiaridad de esta última concepción en comparación con otras concepciones de igualdad vigentes en Occidente es que, para la realización de la igualdad en el plano de la justicia, se hace necesa­ria la relativización o diferenciación de derechos en el plano de la ciudadanía, conforme al estatus y la con­dición social del ciudadano.

Para situar adecuadamente el problema, reto­maré la propuesta argumentada en otro lugar sobre

la importancia de considerar en este campo la exis­tencia de una fuerte asociación entre las ideas de igualdad, dignidad y equidad (Cardoso, 2013), cuya articulación me parece una referencia central para el análisis sociológico de los derechos y de la ciu­dadanía. En este sentido, exploraré brevemente as­pectos centrales de las concepciones de ciudadanía vigentes en Francia y Estados Unidos, países cuyas revoluciones marcaron profundamente la idea de democracia en Occidente, al tiempo que caracte­rizaron sociedades en las cuales la ciudadanía gana contornos distintos, expresados en diferentes moda­lidades de articulación entre las nociones de igualdad y dignidad en la vida social y en la política. Mientras la idea de dignidad representa un valor universal que en las democracias occidentales marca la igualdad de condición y de estatus en el plano de la ciudadanía (Taylor, 1994), sus manifestaciones dan contornos locales a la sustancia moral de la igualdad y la equi­dad, tercer término de esta ecuación, el cual marca la necesidad de articular la relación entre igualdad y dignidad con concepciones locales sobre corrección normativa. En otras palabras, es siempre necesario averiguar en qué medida y de qué manera las prác­ticas y formas de trato vigentes encuentran respaldo en las concepciones locales de lo que sería correcto, adecuado o justo.

Aunque la noción de ciudadanía en los dos paí­ses esté asociada a una visión radical sobre la igualdad de derechos entre los ciudadanos, esta igualdad no es vista de la misma manera a ambos lados del Atlántico. En Francia prevalece la idea de que derechos y ciu­dadanía son categorías indivisibles, lo que hace que todos los franceses compartan la misma condición en el plano de la ciudadanía, con los mismos dere­chos (véase Holston, 2008: 39-81). Tal contexto ex­plica las dificultades para la aceptación de los judíos —cuya capacidad de asimilación al nuevo orden era cuestionada— inmediatamente después de la Revo­lución de 1789 y que aún hoy caracteriza la resisten­cia a demandas multiculturalistas (Amselle, 1996), percibidas como una negación de la igualdad repu­blicana. En Estados Unidos, el énfasis estaría más en la universalización de los mismos derechos, en las mis­mas situaciones para todos los ciudadanos, lo que no supone la asimilación de los grupos sociales que com­ponen el país a una cultura dominante, aunque ha­ya dificultades en aceptar demandas multiculturales en contextos importantes, como lo que involucra el debate sobre alteraciones en el core curriculum de la enseñanza universitaria (véase el debate editado por Gutmann, 1994).

No obstante, en ambos casos la igualdad de derechos sería vivida como expresión de igual res­peto a la dignidad de todos los ciudadanos. De cier­ta forma, podríamos decir que las concepciones de igualdad en el plano de la ciudadanía están siem­pre acompañadas de la percepción de que todos los ciudadanos, en su conjunto, disfrutan de la misma dignidad, cuya sustancia moral a ella asociada gana contornos específicos en los respectivos mundos cívicos.

Al analizar el caso brasileño he atraído la aten­ción hacia nuestras prácticas de discriminación cí­vica, que ocurren con frecuencia cuando tenemos dificultad en identificar en los interlocutores la sustancia moral de las personas dignas (Cardoso, 2011). Si esta cierta facilidad de negar o despreciar la sustancia moral de la dignidad tiene consecuencias negativas para la ciudadanía en Brasil, el respeto a la dignidad del ciudadano tal vez sea la principal condición para el ejercicio de la igualdad ciudada­na en la percepción de los propios actores, donde­quiera que la ciudadanía esté en cuestión. Como incluso las sociedades democráticas e igualitarias en Occidente conviven con la existencia de asime­trías y conjugan derechos y privilegios, la igualdad ciudadana es vivida y valorada en especial en el in­terior del mundo cívico, definido como el universo donde el estatus de ciudadanía debería tener pri­macía en todas las interacciones entre actores, y el trato igualitario —usualmente uniforme— debería ser esperado (Cardoso, 2013: 141). En este aspecto, lo que haría singular a Brasil en comparación con otras democracias no sería la existencia de derechos y privilegios, sino la falta de un mundo cívico bien conformado, que definiera con claridad las fronteras entre los espacios de vigencia de unos y de otros.

En otras palabras, aunque cada mundo cívi­co tenga contornos específicos y formatos distintos en cada sociedad democrática, mientras su estruc­tura esté bien conformada, las fronteras entre los espacios de vigencia de derechos y privilegios se­rán razonablemente claras para el ciudadano. En las monarquías europeas contemporáneas, por ejem­plo, las familias reales disfrutan de una serie de pri­vilegios que están situados fuera del mundo cívico local y no ofenden la dignidad del ciudadano. La manifestación reciente del rey Juan Carlos de Es­paña ilustra bien este punto: se pronunció sobre el proceso judicial resultado de las acusaciones contra su yerno, referentes a corrupción y desvío de recur­sos públicos;[2] alcanzado el cerne de la familia real, Juan Carlos afirmó que su yerno debería ser juzgado como cualquier ciudadano. En la misma línea, ha­blando de la jerarquía de profesiones vigente en Fran­cia y del correspondiente acceso privilegiado a ciertos derechos de vacaciones y pensión por parte de los asa­lariados clasificados como ejecutivos —gerentes que ejercen funciones de dirección—, D'Iribarne sugiere que estas diferencias no afectarían la percepción de igualdad en el plano de la ciudadanía en la medida en que no negarían igual respeto a la dignidad de to­das las profesiones (D'Iribarne, 2010: 52).

 

 

Traducción: Laura Barragán, con la colaboración de Lorena Grados Zamudio



[1]Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto de Es­tudios Comparados en Administración Institucional de Con­flictos (iNCT-inEAc), con sede en la Universidad Federal Fluminense, bajo la coordinación general de Roberto Kant de Lima.

[2]Véase noticia sobre la declaración de Iñakli Urdangarin, yer­no del rey y duque de Palma de Mallorca, Diario de Noticias de Portugal, 25 de febrero de 2012, disponible en línea: <http://www.dn.pt/inicio/pessoas/interior.aspx?content_ id=2325852>.

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