Órbita

Ciudadanía, derechos y diversidad

Ciudadanía, derechos y diversidad Prometeo Lucero. Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) en Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, Guerrero, 2010.

II

Con el objetivo de dejar aún más clara la re­lación entre igualdad y dignidad, me gustaría pro­poner que tanto la Revolución americana como la Revolución francesa fueron detonadas por aconte­cimientos que acentuaron la percepción de insulto a la dignidad de los actores, lo que hizo que las des­igualdades vigentes en el plano de los derechos se tornaran inaceptables a partir de determinado mo­mento. Tal vez el principal símbolo de la Revolu­ción americana sea la manifestación conocida como Boston Tea Party —el 16 de diciembre de 1776— cuando, sublevados por el cobro de impuestos por la Corona inglesa, los colonos estadounidenses clama­ron la famosa frase: "No taxation without representation". A pesar de que el cobro de impuestos no podía ser realizado de forma unilateral por la Corona desde la Bill of Rights de 1689, cuando pasa a depender del consentimiento del Parlamento británico, a me­diados del siglo XVII, la falta de representación de los colonos en el Parlamento comenzó a ser cues­tionada. No se aceptó más la idea de una represen­tación virtual y la situación empezó a vivirse como una exclusión que negaba la dignidad de los colo­nos. Mi argumento es que, desde el punto de vista sociológico, para que haya movilización en torno a banderas de trato igualitario, no es suficiente que una situación de desigualdad sea identificada, pero es imperativo que esta desigualdad sea vivida como un abuso o como ofensa a la dignidad de aquellos que hacen la demanda.

De la misma manera, las movilizaciones so­ciales que desembocaron en la Revolución france­sa no fueron motivadas sólo por la percepción de desigualdad vigente entre los estamentos, sino por la percepción de que el status quo era una situación humillante para el Tercer Estado —campesinos, tra­bajadores y burguesía—, que correspondía tal vez a más de dos tercios de la población total. Tal perspec­tiva está bien representada en el libro de Emmanuel Joseph Sieyés (1988), el cual tuvo una enorme reper­cusión en la época y que sigue siendo una referencia central para la comprensión del periodo: Qu'est-ce que le Tiers État?. El libro es un manifiesto con gran fuerza retórica y comienza con tres frases: 1) ¿Qué es el Tercer Estado? Todo; 2) ¿Qué ha sido hasta el momento en el orden político? Nada, y 3) ¿Qué es lo que demanda? Ser algo. En conjunto, las tres fra­ses representan bien la indignación del Tercer Estado con las inequidades vigentes y el carácter de la moti­vación para las demandas de transformación. Se trata de una afirmación de la dignidad del Tercer Estado y un rechazo de la condición humillante que se le impone. El libro vendió decenas de millares de co­pias en vísperas de la Revolución y atrajo la atención hacia todos los abusos que el Tercer Estado sufrió en la relación con el Primero y el Segundo Estados, respectivamente religiosos y nobles.

De vuelta en Brasil y en los dilemas surgidos de la tensión entre las dos concepciones de igualdad mencionadas arriba, contraponiendo trato uniforme y trato diferenciado, me gustaría ahora dar algunos ejemplos y señalar algunas de sus implicaciones. Los principales ejemplos en nuestra legislación de la con­cepción que predica trato diferenciado, y desiguala derechos, son las leyes que definen derecho a pri­sión especial para portadores de título universitario —además de otras categorías— y el fuero privile­giado por prerrogativa de función de los políticos (Teixeira, 2005: 1-33). Se trata de dos situaciones centrales para la ciudadanía, que regulan el acceso a la justicia, en las cuales la propia ley dice que los ciudadanos brasileños no deben ser tratados de la misma manera. Cuando es emitida una orden de prisión preventiva —antes del juicio y de la eventual condena— para un ciudadano brasileño con título universitario, él o ella debe ser enviado a una pri­sión con alojamiento especial, separado de los pre­sos comunes. De la misma manera, un político que esté ejerciendo mandato en cualquier nivel de go­bierno —ejecutivo o legislativo— tendrá derecho a fuero privilegiado en los tribunales, incluso si es acu­sado de un crimen común, como un asesinato, por ejemplo. Además del trato especial normativamente previsto, el derecho a fuero privilegiado ha sido ma­nipulado por políticos que, cuando se ven cerca de una probable condena en los tribunales superiores, renuncian al mandato y hacen que sus procesos sean enviados a juicios de primera instancia, donde se­rán reanalizados. Como la extensión del tiempo procesal derivado de este procedimiento amplía mu­cho las posibilidades de prescripción de los respec­tivos crímenes, el fuero privilegiado ha sido visto como una garantía de impunidad.

Estos dos estatutos jurídicos han sido cuestiona­dos y ha habido iniciativas para eliminarlos, aunque sin éxito. Tales cuestionamientos constituirían un ejemplo más de la tensión entre las dos concepciones de igualdad, que también aparece en muchos otros contextos en los que el foco no es exactamente la ley o la norma, sino el modo en que son aplicadas. Aquí no sólo me refiero a cómo operan las instituciones del Estado responsables de hacer justicia, como el poder judicial y la policía, sino a varias situaciones en las cuales los propios ciudadanos accionan alternati­vamente derechos y privilegios y entran en conflicto debido a la falta de consenso a este respecto.

Además de la falta de respeto en las filas, a la que me referí antes, y de las frecuentes tentativas de accionar relaciones para sacar ventaja en el espa­cio público, el trato diferencial dado por la policía a ricos y pobres —en especial negros— es notorio, aborda a los primeros con deferencia y a los últi­mos con poco respeto y desconsideración (véase Kant, 1995). El caso de la Blitz en la Favela Naval en Sao Paulo, registrado por una cámara escondida en marzo de 1997, representa un ejemplo extremo de las prácticas abusivas de la policía en relación con los pobres: cerca de 10 soldados de la policía militar detuvieron una patrulla en una esquina y todos los que pasaban por ahí eran interpelados con todo tipo de agresiones físicas y verbales con el objetivo de ex­torsionarlos. Una de las víctimas murió por un tiro.[1]

En el mismo sentido, las leyes que demandan trato uniforme entre los ciudadanos son aplicadas por el poder judicial conforme al estatus y la con­dición social de los que están bajo su jurisdicción, lo que frustra las expectativas de aquellos que, al ser inferiorizados, ven su dignidad amenazada. Esta si­tuación es particularmente manifiesta en causas de daño moral, como en el caso del juez que viajaba con su esposa y sufrieron el extravío de su equipaje durante el vuelo de vuelta. Ambos demandaron a la compañía aérea y exigieron la reparación de los da­ños, tanto materiales como morales, y se quedaron sorprendidos cuando en la evaluación de los daños morales el juicio estableció una indemnización mu­cho mayor para el juez que para su esposa, que que­dó inconforme y apeló la decisión.[2]

Cada vez más este tipo de trato diferencial ha sido percibido como ofensivo para la dignidad del ciudadano, que no ve justificación para la relativización de sus derechos y cuestiona la legitimidad de las respectivas prácticas, que le parecen arbitrarias. Antes de concluir este artículo con algunas obser­vaciones sobre derechos diferenciados de minorías étnico-culturales en Brasil, me gustaría hacer una referencia a las demandas de reconocimiento de Quebec como una sociedad distinta, que confrontan directamente la legitimidad de la concepción de igualdad como trato uniforme en ciertos contextos y circunstancias en el ámbito del mundo cívico.

Desde 1982, cuando la constitución cana­diense fue enmendada por una carta de derechos y libertades, después de haber sido "repatriada"—trasladada— desde el Parlamento inglés, donde estaba guardada hasta entonces, Canadá vive una cri­sis constitucional debido a la negación de Quebec a aceptar la enmienda promulgada entonces. La nueva carta de derechos y libertades es interpretada como una negación de los derechos colectivos de los quebequenses, en la medida en que convierte en incons­titucional la Ley 101, que protege la lengua francesa en Quebec, y amenaza la autonomía de la provincia en áreas consideradas importantes para la afirmación de su identidad. Al establecer condiciones restrictivas para el acceso a la escuela de lengua inglesa en Quebec y limitaciones en la utilización de letreros en in­glés en el espacio público, la Ley 101 vulneraría los derechos individuales de los ciudadanos canadienses que no tendrían la misma libertad de elección en es­tas áreas.[3]

Aunque a primera vista la ruptura del tra­to uniforme parezca una arbitrariedad, los quebequenses tienen buenas razones para interpretar las restricciones establecidas por la Ley 101 como una necesidad para evitar la imposición de la lengua y de la cultura inglesa como dominantes en la provincia, lo que eliminaría la posibilidad de los quebequenses de elegir vivir en francés. Además de eso, como busco argumentar en otro lugar (Cardoso, 2011), la historia de Quebec en Canadá estimula la percep­ción del trato uniforme y de la falta de atención a la singularidad quebequense como un acto de menos­precio, que desvaloriza o niega la identidad lingüístico-cultural de la provincia. A los ojos de Quebec, el reconocimiento de su identidad distinta sería la condición para la valorización de su dignidad y pa­ra el ejercicio de derechos igualitarios en el mundo cívico.

Contrariamente al trato diferenciado propues­to por una de las concepciones de igualdad en ten­sión en Brasil, que discrimina derechos conforme a la condición social y al estatus del ciudadano, el trato distintivo reivindicado en Quebec es motiva­do por el deseo de gozar del mismo estatus y de la misma dignidad que los demás canadienses en el pla­no de la ciudadanía. De igual manera, las demandas de derechos diferenciados de indígenas, cimarrones y poblaciones tradicionales en Brasil son motivadas por el deseo de igual respeto a la singularidad y a la dignidad de estos grupos en el plano de la ciudada­nía, además de la demanda de respeto a la forma en que estos grupos ocupan y explotan sus territorios, históricamente más fácil de argumentar en el caso de los indígenas, a pesar de las dificultades para instru­mentar y defender estos derechos. Sus líderes quie­ren garantías de que serán oídos y tomados en serio en sus reivindicaciones y demandan la valorización de sus identidades y un trato digno en la interlocución con la sociedad más amplia.

No obstante, el Estado brasileño y la sociedad más amplia han demostrado una enorme reticencia hacia el respeto de los respectivos derechos, como una extensa literatura lo demuestra. Para finalizar, me gustaría hacer dos breves referencias a los trabajos de Ronaldo Lobao y Alcida Ramos, que enfatizan el carácter discriminatorio de la dificultad de oír el punto de vista de los respectivos grupos, característi­ca de una política neocolonialista que provoca resen­timientos (Lobao, 2010) o una situación de fricción epistémica (Ramos, 2014) entre perspectivas a pri­mera vista inconmensurables. Lobao describe varios escenarios en los cuales segmentos de las llamadas poblaciones tradicionales —pescadores artesanales, extractivistas y demás— tienen que ajustarse a mo­delos impuestos por las políticas de Estado para tener acceso a sus territorios, aunque estos modelos ten­gan poca relación con su modo de vida e identidad de grupo (Lobao, 2010: 129-152). El autor atrae la atención también hacia el carácter subalterno del pro­ceso de inclusión de estos grupos en las políticas de Estado porque no tienen espacio real de voz en la definición de las condiciones de explotación de sus territorios (Lobao, 2010: 292), condiciones que no siempre son bien comprendidas por los beneficiados (Lobao, 2010: 265, 282).

Yo caracterizaría esta situación como de ex­clusión discursiva, porque niega y desvaloriza la dignidad de los respectivos grupos al no conside­rarlos interlocutores plenos, más acentuada en el caso de los indígenas, como señala Ramos. Según la autora, las dificultades de las sociedades indígenas brasileñas en la relación con el Estado se expresan de forma particularmente aguda en las situaciones en que accionamos, de modo arbitrario y descontextualizado, los conceptos de democracia, poder y nepotismo para describir prácticas indígenas. En un exhortador artículo, Ramos (2014) atrae la atención hacia nuestra mala comprensión del sentido de es­tos conceptos entre los indígenas al imponer como características esenciales de los mismos, respectiva­mente, el principio del voto —la mitad más uno— en vez de los esfuerzos de consenso, el principio de la coerción —el uso legítimo de la fuerza— en lugar de la persuasión, y el principio de la impersonalidad en sustitución de las prácticas de reciprocidad. Ra­mos elabora un argumento sofisticado en relación con la verdadera fricción epistémica que envuelve este no diálogo, pero me gustaría insistir aquí en que, en plano de la ciudadanía, la dificultad para oír y valorar la interlocución del otro implica necesaria­mente procesos de discriminación cívica.

Por último, si la noción de dignidad es cons­titutiva de la igualdad en el plano de la ciudadanía cuando examinamos la vigencia de criterios ra­dicalmente universalistas, ésta tiene un peso aún más significativo cuando el reconocimiento de la singularidad de minorías étnico-culturales es una condición para el respeto a los derechos.

 

Bibliografía

 

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[1]Las imágenes fueron divulgadas en el Jornal Nacional, no­ticiero de mayor audiencia en la televisión brasileña, el 31 de marzo de 1997 y tuvieron gran repercusión.

[2]Caso referido por una compañera que era profesora del juez autor del caso en un curso de posgrado.

[3]Vale recordar que Canadá es un país oficialmente bilingüe, donde, de acuerdo con la Ley 101, sólo los niños cuyos padres, o por lo menos uno, hayan estudiado en una escuela de lengua inglesa en Canadá pueden ser matriculados en es­cuelas anglófonas.

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